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El Gobierno deja “empantanada” la tan necesitada reforma de la Justicia

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El adelanto electoral se lleva por delante las promesas que el ministro de Justicia hizo sobre la tantas veces aparcada reforma del sector: la ley de Enjuiciamiento, la agilización de los juzgados, la ley Concursal, la de Mediación o la de Justicia Gratuita, o la renovación del Tribunal Constitucional se quedan en el tintero. Y en tres meses, con la campaña de por medio, todas las fuentes descartan ya que puedan ver la luz.

Pese a las promesas de Francisco Caamaño, el gran proyecto de la reforma de la ley de Enjuiciamiento criminal, norma que data de 1882, se ha quedado en aguas de borrajas, pese a que el ministro se la planteó como uno de sus retos de máxima urgencia y necesidad. Presentó un anteproyecto con algunas reformas, varias no exentas de polémica, y en julio el Consejo de Ministros le dio el visto bueno.

Ahora, a tres meses de las elecciones y con la campaña por medio, no es el marco más idóneo para que el texto pase el filtro del Congreso de los Diputados y el Senado, sobre todo cuando desde el PP se han lanzado fuertes críticas al trabajo realizado desde el Ministerio.

Uno de los puntos es una quimera que pueda ser aprobado sin un previo y arduo debate. El Gobierno, con el apoyo del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha introducido la figura del fiscal instructor, o, lo que es lo mismo, que sea el Ministerio Público y no el juez el que se encargue de las investigaciones, tuteladas eso sí por un magistrado de garantías. Esta modificación no ha sido vista con muy buenos ojos por las asociaciones judiciales, que consideran que puede producir un menoscabo a las instrucciones que afecten a determinados intereses políticos.

Otra de las grandes asignaturas pendientes de Caamaño es la creación de unidades judiciales para desatascar los juzgados y poder equiparse con la media de la Unión Europea. La matriz del problema es la falta de inyección presupuestaria para invertir en la calidad de la Justicia. El Gobierno prometió que antes de final de año se crearían doscientas unidades judiciales como respuesta al ahogo de gran parte de los jueces del territorio español.

El Consejo General del Poder Judicial ha realizado un informe en el que se plasma la necesidad de crear más de quinientos nuevas plazas de jueces en activo, tal y como prevé la ley de Presupuestos Generales del Estado, para aproximarse a la normalidad y solventar parte del colapso. Este informe del órgano de los jueces muestra su preocupación ante una situación que no puede mantenerse por más tiempo sin que conlleve una merma de la calidad de la Justicia. Los juzgados más debilitados son los de lo Social, en Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana, seguidos de los de Primera Instancia y de lo Mercantil.

Cierto es que Caamaño ha sido el ministro de Justicia que en estos ocho años de gobierno socialista más reformas ha impulsado. Por lo menos siete de ellas han sido publicadas ya en el BOE o están en fase de tramitación en las Cámaras. El ministro se ha centrado en desarrollar las nuevas tecnologías en los tribunales, como es el caso de la Audiencia Nacional que ha digitalizado todos los documentos, pero sus esfuerzos no han sido suficientes para dejar la Justicia a la altura que se merece. La ley Concursal, la de Mediación o la de Justicia Gratuita son algunas de las promesas que se han quedado en el cajón. Y la Oficina Judicial es un proyecto ambicioso que no está funcionando.

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