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Resumen tema 22 de Auxilio Judicial

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Los actos Procesales del juez: Las resoluciones Judiciales. Especialidades en el proceso penal. Los Decretos del Ministerio Fiscal. Los Actos Procesales del Secretario Judicial: las resoluciones de los Secretarios Judiciales

Los Actos Procesales

Consideraciones generales sobre los actos procesales.

La categoría: actos jurídicos. Inciden en la constitución, desarrollo, modificación o terminación de la relación procesal.

La realización: cualquiera de los órganos judiciales, el Secretario y personal auxiliar o por las partes (demandante y demandado).

Se dividen en tres grupos:

  1. Los de las partes litigantes.
  2. Los del Secretario.
  3. Los del Tribunal.

El proceso: compuesto de actos jurídicos que se suceden en el tiempo por las partes y por los Tribunales.

Sólo son actos procesales los que se realizan dentro del proceso; no lo son aquellos que se realizan fuera del mismo, aunque puedan desplegar sus efectos en él.

Los actos procesales del Juez

En la mayoría de los casos se traducen en resoluciones.

Excepto: la recepción de las pruebas o la dirección de las vistas que no constituyen formalmente resoluciones.

Las resoluciones judiciales se dividen en:

Las de carácter jurisdiccional y que se producen con motivo de la actuación procesal. Son:

  • Providencias, autos y sentencias.
  • Los acuerdos.

Otra división es:

  • Las dictadas a instancia de parte.
  • De oficio que el tribunal dicta a su iniciativa.

Clases de resoluciones.

Son resoluciones judiciales las providencias, autos y sentencias dictadas por los jueces y Tribunales.

Providencia

Se dictará providencia cuando la resolución se refiera a cuestiones procesales que requieran una decisión judicial por así establecerlo la Ley, siempre que no exigiera la forma de auto.

Deberán contener, en cuanto a la forma:

  1. Determinación del juez o Tribunal que las disponga.
  2. Fecha en que se acuerden.
  3. Determinación de lo mandado.
  4. Firma o rúbrica del Juez o Presidente y firma del Secretario.
  5. Indicación del nombre del ponente, cuando el tribunal sea colegiado.
  6. Se limitarán a expresar lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la Ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente.

Toda resolución incluirá la mención del lugar y fecha en que se adopte y si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión, en este último caso, del recurso que proceda, del órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir.

Autos

Se dictarán autos:

Cuando se decidan recursos contra providencias o decretos.

Cuando se resuelva sobre:
Admisión o inadmisión de demanda,reconvención, acumulación de acciones,admisión o inadmisión de la prueba, aprobación judicial de transacciones y convenios, medidas cautelares, nulidad o validez de las actuaciones, presupuestos procesales, anotaciones e inscripciones registrales y cuestiones incidentales, fin a las actuaciones de una instancia o recurso salvo que la Ley hubiera dispuesto que deban finalizar por decreto.

Serán siempre motivados y contendrán: en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva o fallo. (art.208.2 LEC)

Los autos serán siempre fundados y contendrán en párrafos separados y numerados los hechos y los razonamientos jurídicos y, por último, la parte dispositiva. Serán firmados por el juez, magistrado o magistrados que los dicten. (art. 248.2 de la LOPJ)

En el orden penal:

Cuando decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los imputados o procesados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles, cuando decidan la competencia del Juzgado o Tribunal, la procedencia o improcedencia de la recusación, cuando decidan recursos contra providencias o decretos, la prisión o libertad provisional, la admisión o denegación de prueba o del derecho de justicia gratuita o afecten a un derecho fundamental y, los demás que según las Leyes deben fundarse.

Sentencias

Se dictará sentencia para poner fin al proceso, en primera o segunda instancia, una vez que haya concluido su tramitación ordinaria prevista en la Ley. También se resolverán mediante sentencia los recursos extraordinarios y los procedimientos para la revisión de sentencias firmes. (Art. 206 LEC)

Las sentencias podrán dictarse de viva voz cuando lo autorice la Ley.

En ningún caso se dictarán oralmente en procesos civiles.

Sentencias, cuando decidan definitivamente el pleito o causa en cualquier instancia o recurso, o cuando, según las Leyes procesales, deban revestir esta forma.
Son sentencias definitivas las que resuelven definitivamente el pleito, en cualquiera de sus instancias.

Son sentencias firmes aquellas contra las que no quepa recurso alguno, bien porque haya finalizado el plazo para recurrir o porque no sea recurrible, salvo el de revisión u otros extraordinarios que establezca la Ley.

Llamase Ejecutoria el documento público y solemne en que se consigna una sentencia firme. Las ejecutorias se encabezarán en nombre del Rey. (Art. 245 LOPJ).
Estimatorias, cuando se muestran favorables a la pretensión del demandante o desestimatorias, cuando se muestran desfavorables con dicha pretensión.

Reglas especiales sobre forma y contenido de las sentencias. Contenido formal.

El encabezamiento deberán expresarse los nombres de las partes y cuando sea necesario, la legitimación y representación en virtud de las cuales actúen, así como los nombres de los abogados y procuradores y el objeto del juicio.

Los antecedentes de hecho se consignarán, con la claridad y la concisión posibles y en párrafos separados y numerados, las pretensiones de las partes o interesados, los hechos en que las funden y que hubiesen sido alegados en relación con las cuestiones que hayan de resolverse, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados, en su caso.

Los fundamentos de derecho se expresarán en párrafos separados y numerados, los puntos de hecho y de derecho fijados por las partes dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse con expresión concreta de las normas jurídicas aplicables al caso.

El fallo, contendrá, numerados, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de las partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento sobre las costas. También determinará, en su caso, la cantidad objeto de la condena, sin que pueda reservarse su determinación para la ejecución de la sentencia.

En el orden penal:

Se redactarán con sujeción a las reglas siguientes:

  1. Se principiarán expresando: el lugar y la fecha en que se dictaren, los hechos que hubieren dado lugar a la formación de la causa, los nombres y apellidos de los actores particulares, si los hubiere, y de los procesados; los sobrenombres o apodos con que sean conocidos, su edad, estado, naturaleza, domicilio, oficio o profesión, y, en su defecto, todas las demás circunstancias con que hubieren figurado en la causa, y además el nombre y apellido del Magistrado ponente.
  2. Se consignarán en Resultandos numerados los hechos que estuvieren enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y terminante de los que se estimen probados.
  3. Se consignarán las conclusiones definitivas de la acusación y de la defensa y la que en su caso hubiese propuesto el Tribunal.
  4. También se resolverán en la sentencia todas las cuestiones referentes a la responsabilidad civil que hubieren sido objeto del juicio, y se declarará calumniosa la querella cuando procediere.

Los acuerdos

son las resoluciones de los tribunales cuando no estén constituidos en Sala de Justicia, las de las Salas de Gobierno y las de los Jueces y Presidentes cuando tuvieren carácter gubernativo.

También las advertencias y correcciones que por recaer en personas que estén sujetas a la jurisdicción disciplinaria se impongan en las sentencias o en otros actos judiciales.

Los actos procesales del Secretario Judicial

Dictarán las resoluciones necesarias para la tramitación del proceso.

Clases de resoluciones.
Son resoluciones judiciales:

  1. Las diligencias de ordenación, de constancia, comunicación o ejecución.
  2. los decretos.
Las diligencias de ordenación

Se dictará diligencia de ordenación cuando la resolución tenga por objeto dar a los autos el curso que la Ley establezca.
Se limitarán a expresar lo que por ellas se mande e incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la Ley o quien haya de dictarlas lo estime conveniente. LEC

Las diligencias de ordenación incluirán además una sucinta motivación cuando así lo disponga la Ley o cuando el Secretario judicial lo estime conveniente. LECrim

Las diligencias se limitarán a la expresión de lo que se disponga, el lugar, la fecha y el nombre y la firma del Secretario judicial que las dicte. LECrim

Las diligencias de constancia, comunicación o ejecución

Se dictarán diligencias de constancia, comunicación o ejecución a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal. LECrim, LEC.

Los decretos

Se dictará decreto cuando se admita a trámite la demanda, cuando se ponga término al procedimiento del que el Secretario tuviera atribuida competencia exclusiva y, en cualquier clase de procedimiento, cuando fuere preciso o conveniente razonar lo resuelto. LEC

Los decretos serán siempre motivados y contendrán, en párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en los que se base la subsiguiente parte dispositiva. Expresarán el lugar, la fecha y el nombre del Secretario judicial que los dicte, con extensión de su firma. LECrim

Actos procesales del Secretario Judicial,

Art. 7 del Reglamento Orgánico del cuerpo de Secretarios Judiciales

  • Garantizarán que el reparto de asuntos se realiza de conformidad con las normas que a tal efecto aprueben las Salas de Gobierno de los Tribunales de Justicia y serán responsables del buen funcionamiento del registro de recepción de documentos, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes.
  • Será responsabilidad de los Secretarios Judiciales la dación de cuenta, que se realizará en los términos previstos en las leyes procesales.
  • En los casos en que los Secretarios Judiciales consideren necesaria su intervención, documentarán los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera.
  • Expedirán los mandamientos, despachos y exhortos precisos para la ejecución de lo acordado en el procedimiento, de acuerdo con lo establecido en las leyes procesales.

Art. 456 de la LOPJ

    • La ejecución salvo aquellas competencias que exceptúen las leyes procesales por estar reservadas a jueces y magistrados.
    • Jurisdicción voluntaria, asumiendo su tramitación y resolución, sin perjuicio de los recursos que quepa interponer.
    • Conciliaciones, llevando a cabo la labor mediadora que les sea propia.
    • Cualesquiera otras que expresamente se prevean.

Los decretos del Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Para cumplir estas misiones corresponden al Ministerio Fiscal los siguientes decretos:

      1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
      2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
      3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
      4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos y faltas u oponerse a las ejercitadas por otros, cuando proceda.
      5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de lo dispuesto en la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.
      6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.
      7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas en tanto se provee de los mecanismos ordinarios de representación.
      8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.
      9. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.
      10. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
      11. Intervenir en los procesos judiciales de amparo así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
      12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional en defensa de la legalidad, en la forma en que las leyes establezcan.
      13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.
      14. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.
      15. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.
      16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.

Con carácter general, la intervención del fiscal en los procesos podrá producirse mediante escrito o comparecencia. También podrá producirse a través de medios tecnológicos, siempre que aseguren el adecuado ejercicio de sus funciones y ofrezcan las garantías precisas para la validez del acto de que se trate. La intervención del fiscal en los procesos no penales, salvo que la ley disponga otra cosa o actúe como demandante, se producirá en último lugar.

El contenido formal de estos decretos es similar al de las resoluciones judiciales. No son recurribles.

Se dictarán decretos en los siguientes casos:

      1. Ordenar la práctica de diligencias anteriores al proceso procesal y la incoación y archivo de diligencia preliminares.
      2. -Archivo de las actuaciones.
      3. -Para rechazar la personación de un perjudicado o rechazar diligencias de instrucción.
      4. -Decretar la conclusión de un expediente.
      5. -Acordar la remisión de las actuaciones al Juzgado competente.

Todas las diligencias que le Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad.

Lo principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica de esas diligencias.

El fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento de las diligencias practicadas.

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